El pasado día 5 de octubre erl periódico Avui publicó un interesante artículo sobre las urbanizaciones en Catalunya, que presentamos aquí traducido al castellano: 650.000 catalanes fijan su residencia en una urbanización
En los últimos años muchos jóvenes y jubilados han ido a vivir al que habían sido segundas residencias. El Parlament aprobará una ley por reordenar las urbanizaciones con déficits urbanísticos, la mayoría anteriores a 1975.
Unas 650.000 personas, el 9,2% de los catalanes, tienen fijada su primera residencia en una urbanización. La mayoría son familias jóvenes y parejas de jubilados que en los últimos años, en plena vorágine inmobiliaria y superados por los precios que se pedían a las ciudades, se trasladaron a una vivienda que, en principio, estaba destinado a hacer de segunda residencia. Así lo explica la Cambra de Parcel·listes de Catalunya, que calcula que en el territorio hay 2.000 urbanizaciones y 1,5 millones de personas relacionadas con ellas. La mayoría de urbanizaciones fueron construidas entre 1956 y 1981 y muchas tienen déficits urbanísticos, algunos muy graves.
Un estudio de la Diputación de Barcelona dice que en esta demarcación el 61% de las urbanizaciones tienen déficits de pavimentación, el 55% de suministro de agua, el 60% de infraestructuras de saneamiento y el 62% de alumbrado público. Pero los propietarios de casas sitas en urbanizaciones añaden más: seguridad y falta de transporte público y de atención sanitaria, básicamente. Según el gobierno, 400 d’estas urbanizaciones fueron construidas, directamente, en suelo no urbanizable.
Para reordenar estas áreas residenciales el gobierno ha presentado al Parlament un anteproyecto de ley por mejorar las urbanizaciones con déficits urbanísticos.
Con esta ley lo que se pretende es, básicamente, impulsar la finalización de las obras de urbanización y servicios básicos a las zonas dónde están inacabadas y que, para poderlo hacer, se otorguen ayudas a los ayuntamientos y a los particulares. La asesora jurídica de la Cambra de Parcel·listes, Raquel Garrido, recuerda que el problema de fondo es que los promotores de las urbanizaciones “no cumplieron su obligación y han sido los propietarios quienes han pagado las consecuencias”. Unas consecuencias muy costosas, que son, de hecho, la base del problema.
Una vez aprobada la ley, el gobierno quiere, en la medida que sea posible, reducir la superficie de urbanizaciones y recuperar parcelas abandonadas por devolverlas a su anterior condición de suelo no urbanizable.
(El texto en catalán se puede descargar en la dirección http://multimedia.avui.cat/pdf/08/1005/081005diari028.pdf).
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